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Necesitamos tomarnos en serio la ciberseguridad

El informe del 2016 del Internet Crime Complaint Center (IC3), división del FBI que recibe denuncias sobre estafas y crímenes en internet, arrojó que, en Estados Unidos, las víctimas de ciberataques perdieron US$ 1,3 mil millones y se registraron 800 reclamos por día. Los correos falsos que fueron recibidos por cuentas ligadas a la empresa, estafas de soporte técnico y el ransomware fueron los ataques más comunes.

En Latinoamérica se producen alrededor de 14 ciberataques por segundo. En tanto, en Chile, en el último año, el 40% de los dispositivos fueron atacados. En mayo pasado vimos con estupor como un virus malicioso, WanaCry, infectó en solo un par de horas a casi un tercio del mundo, vulnerando la seguridad de naciones, de empresas transnacionales, de sistemas de salud y aparatos personales.

Lo paradójico de esto es que, aún después de todo lo sucedido, de las advertencias y de las amenazas constantes, no tomamos conciencia de lo vital que resulta en esta sociedad digitalizada tener una buena política para resguardarse de los ciberataques.

Como industria no podemos dejar de alertar, una y otra vez, sobre esto. Insistimos en que, en este tiempo en que la tecnología y la digitalización marcan pautas, es un deber como ciudadanos del mundo digital, como sociedad, como industria y como país resguardarnos del cibercrimen. Debe ser una tarea compartida que tiene un punto de inicio, y es el resguardo personal, labor en la que luego todos los sectores deben involucrarse: público, privado y Estado.

Con el avance de la digitalización, de las tecnologías y del IoT, por ejemplo, uno de los temas que nos debe preocupar es la seguridad de la información de las personas: hasta qué punto todos entregaremos información personal y valiosa cada vez que se da “aceptar” a los términos y condiciones de uso.

Para ese y otros resguardos se requiere de una renovada y estricta política de Protección de Datos Personales.

Dicho proyecto fue firmado el 13 de marzo por la Presidenta, y como industria manifestamos nuestra satisfacción de que por fin las autoridades hayan tomado en serio el escenario digital actual.

Así, hemos hecho ver que necesitamos una norma que garantice los principios de protección de datos acorde a tiempos y necesidades de la sociedad, con un marco jurídico que consagre los derechos de las personas a ser dueños de sus datos personales, que proteja la vida privada y los mantenga bajo un tratamiento correcto bajo estándares mundiales.

Como ACTI, colaboramos desde nuestra experiencia. Planteamos ante las autoridades (Comisión de Constitución del Senado) algunos aspectos que creemos se deben considerar, tales como la clarificación de los alcances que tendrá la norma y el ajuste de definiciones como “responsable”, “titular de los datos”, “consentimiento”, “información versus dato”, “intermediario tecnológico” o qué será calificado como “dato sensible”, entre otros aspectos.

Posteriormente, hace un par de meses, la Presidenta Michelle Bachelet lanzó la nueva “Política Nacional de Ciberseguridad”, una hoja de ruta que contempla medidas que se implementarán este año y el 2018, puntos y aspectos que el gobierno entrante deberá asumir y dar continuidad, y que debe quedar absolutamente implementada en el 2022.

Sin lugar a dudas, se trata de un avance, pero lo cierto hoy es que el país necesita con urgencia de una legislación que consolide la institucionalidad y maneje los incidentes de seguridad informática y, ante la luz de estos acontecimientos, se hace más urgente ir por más.

Necesitamos entender con urgencia que, por ejemplo, a medida que el Estado se moderniza y crecen la cantidad de trámites digitales que se pueden realizar, se necesita de una entidad más sofisticada y especializada que asesore y le brinde soporte al Estado.

En ese escenario estamos frente a una gran oportunidad, la que hay que aprovechar, para que seamos nosotros mismos, el capital humano especializado nacional, quien sea capaz de desarrollar y brindar las soluciones tecnológicas que se requieren para cuidar y resguardar la privacidad de los chilenos, ya sea de manera personal, en una empresa o en el gran y complejo aparataje sistémico que puede llegar a ser el Estado. La mejor solución no tiene por qué ser foránea.

Es un momento más para que las entidades públicas, privadas y la academia se animen a realizar un trabajo en conjunto.

Dejé por último el pilar fundamental para este planteamiento: la educación. La solución para esta gran amenaza que nos acecha a cada segundo no radica solo en conseguir el software más sofisticado ni en contratar el firewall más reciente.

Lo primero y lo más importante es la educación. El saber como persona, como empresa y como Estado qué es lo que estoy entregando, cómo lo estoy entregando, a quién, qué resguardo tengo, qué riesgos enfrento, cómo me protejo y cuáles son mis aspectos de vulnerabilidad. Solo así podremos hacer frente a esta nueva pandemia de la era digital.