La Cámara de Diputados presentó
una iniciativa que buscaría disponer
obligatoriamente el uso de software libre en
todas las dependencias de la Administración
del Estado.

Con preocupación recibió la Asociación Chilena de Empresas de Tecnologías de Información (ACTI) el anuncio de la aprobación por parte de la Cámara de Diputados del Proyecto de Acuerdo N°368, a través del cual se solicita a la Presidenta de la República disponer la implementación en las oficinas de la Administración del Estado (presidencia, ministerios y servicios públicos) del sistema de software libre en las plataformas informáticas de sus dependencias, así como implementarlo en la malla curricular de los establecimientos educacionales del país, realizando una campaña nacional de difusión de mismo.

“Es necesario alertar acerca de los alcances de este Proyecto, principalmente porque la implementación de estas medidas provocaría la violación del principio de neutralidad tecnológica, incluido en los acuerdos internacionales suscritos por el país y de la tendencia mundial sobre la materia. Esta regla sostiene que debe respetarse el derecho de decisión de los usuarios, quienes pueden elegir libremente entre los programas de fuente abierta, comerciales y libres, de manera que tengan acceso a servicios competitivos y de calidad”, sostuvo Raúl Ciudad, presidente de la Asociación Tecnológica.

El ejecutivo enfatizó que la neutralidad tecnológica permite e impulsa la libre competencia que, con una adecuada protección a los derechos de propiedad intelectual, estimula la inversión en investigación y desarrollo, la innovación, la creación de empleos de alto valor agregado y bien remunerados, la generación de impuestos y el sano desarrollo de la industria, todo lo cual contribuye al desarrollo económico del país.

“Si bien el Estado es uno solo, no es menos cierto que las necesidades de cada órgano dentro de la administración pública son diferentes y, por ello, debe respetarse el conocimiento que cada uno tiene de su área de competencia, las cuales deben estar bien definidas al momento de una licitación de plataformas informáticas. Además, hay que recalcar que lo realmente importante es el uso y buena administración que se le dé a la tecnología, independiente del programa elegido”, agregó Ciudad.

En tanto, para el abogado asesor de ACTI, Rodrigo Rojas, “el principio de neutralidad tecnológica es un derivado del derecho internacionalmente reconocido a la igualdad y a la no discriminación, aplicado al uso, promoción y adquisición de tecnologías de información. Por ello, permite al usuario la libre elección de las distintas opciones de tecnología existentes en cada momento, otorgándole la posibilidad de seleccionar la que mejor satisfaga sus necesidades y le brinde lo óptimo en cuanto a desempeño, mérito técnico, funcionalidad, seguridad, calidad, valor de la inversión, garantías, facilidad de uso, soporte técnico e interoperabilidad, entre otros”.

Agregó que la propuesta de eliminar el principio de neutralidad tecnológica e imponer un tipo de plataforma al Estado, “podría violar garantías constitucionales, tales como el principio de igualdad ante la ley y el de no discriminación. Asimismo, podría considerarse afectado el principio de libertad económica, libre concurrencia y economía social de mercado”.

(13/07/2007)