Reforma tributaria: Aporte de 1% a regiones e impuestos verdes ponen en alerta a las industrias minera y de alimentos

En paralelo, la oposición analiza las propuestas de Hacienda para aprobar la idea de legislar. Y si bien valoran medidas dirigidas a empresas, cuestionan otras que afectarán a la clase media, como aplicar IVA a los servicios digitales. ‘Hoy no hay condiciones para un acuerdo’, adelanta el futuro presidente de la comisión de Hacienda, Daniel Núñez (PC).

Han transcurrido 213 días desde que el Gobierno ingresó al Congreso el proyecto de modernización tributaria. Siete meses y un día en que la tramitación de la iniciativa está entrampada en el parlamento por las diferencias entre el Gobierno y la oposición por los efectos recaudatorios de la iniciativa. ¿El principal obstáculo? Cómo compensar los US$ 833 millones que dejaría de recibir el fisco por la reintegración del sistema tributario que propone el Ejecutivo. El pasado lunes, tras una serie de reuniones de carácter técnico y político que se iniciaron en enero de este año, el ministro de Hacienda Felipe Larraín presentó a la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados una serie de propuestas con el objetivo de aprobar la idea de legislar el proyecto. Sin embargo, los parlamentarios de oposición que conforman la instancia definieron aplazar la decisión final, fijada originalmente para el pasado miércoles, a fin de analizar con mayor profundidad la propuesta. Aumentar el impuesto a las emisiones de carbono; incrementar el gravamen a las plataformas digitales, del 10% que propuso originalmente al 19%, igualándolo a la tasa general del Impuesto al Valor Agregado (IVA); o limitar el uso del ‘market maker’, para efectos del impuesto a las ganancias de capital, fueron algunas de las propuestas para compensar la menor recaudación por la integración en los dos tramos más altos del Impuesto Global Complementario (US$ 274 millones según cálculos de Hacienda).

Desde Teatinos 120 también se mostraron disponibles para mejorar el régimen especial de tributación para las pequeñas y medianas empresas (pymes). Esto implica aplicar medidas como la contabilidad simplificada y un aumento en el tope de ventas anuales para acceder al beneficio, pasando de las 50 mil UF anuales ($1.378 millones), que existe en la actualidad, hasta las 75 mil UF ($2.067 millones). Asimismo, incorporaron en su propuesta una nueva fuente de financiamiento para los gobiernos regionales, incluyendo un impuesto de 1% a los grandes proyectos de inversión que se ejecuten en regiones. Por último, junto con prometer ajustes a la redacción de los cambios a la norma antielusión, el fortalecimiento tecnológico del SII, y nuevos incentivos para aumentar la inversión y el crecimiento, el ministro Larraín se mostró disponible a reducir la exención parcial del IVA a la construcción de 4 mil UF a 3 mil UF, y rebajar el pago de contribuciones para adultos mayores vulnerables y de clase media. Sin embargo, las medidas no dejaron a todos contentos. A la espera de la decisión que tomen los parlamentarios de la comisión de Hacienda respecto del futuro de la iniciativa —que se conocería en la sesión del próximo miércoles 3 abril según consta en la página web de la Cámara de Diputados—, gremios están alertas por los efectos tributarios que tendrían algunas de las ideas planteadas por el Gobierno.

Recuadro

Gremios reconocen que gravamen a las emisiones de carbono hace al impuesto ‘más verde’, pero acusan problemas de diseño
Luego de que Chile ratificara el Acuerdo de París sobre el cambio climático, el país se comprometió a disminuir sus emisiones de dióxido de carbono (CO2) a la atmósfera. En la reforma tributaria de 2014 se impuso un gravamen a los distintos contaminantes que emiten fuentes fijas como fábricas, generadoras eléctricas, etc., que en el caso del CO2 corresponde al pago de US$ 5 por cada tonelada emitida. El proyecto de modernización tributaria que está en el Congreso propone cambios a la legislación, y esta semana Hacienda se abrió a la posibilidad de aumentar el impuesto a las emisiones de dióxido de carbono ¿Cuánto se podría recaudar? US$ 50 millones por cada dólar por tonelada de CO2 emitida. Uno de los afectados por esta medida sería la industria productora de alimentos. El gerente general de ChileAlimentos, Guillermo González, señala que las modificaciones propuestas hacen que el impuesto sea ‘más verde’ que el vigente actualmente. ‘Se gravan las emisiones reales, se mantiene la exención de la biomasa por ser un captador del CO2, y se incorporan las fundiciones, que estaban exceptuadas sin una razón verde’, señala el ejecutivo. Sin embargo, González expone que la redacción de la regulación afecta la competitividad de la industria agroalimentaria, porque no se está reconociendo el carácter sustentable de esta actividad. ‘En Chile, los frutales y los demás vegetales que producen materia prima para la agroindustria abaten anualmente entre 773 mil y 1,3 millones de toneladas de CO2 y, sin embargo, el impuesto verde no los exceptúa como lo hizo con la biomasa’, explica. Por lo tanto, dice que de no ocurrir un cambio en el proyecto, ‘la gran carga tributaria que representa este tipo de impuestos le hará daño al mercado nacional, ya que se podría perjudicar la empleabilidad regional’, afirma el gerente de ChileAlimentos. Otro de los sectores que se verían perjudicados por esta medida es la minería. El presidente ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino, explica que el aumento del gravamen al carbono sería otro incremento a la carga tributaria de la minería. ‘La reforma como hoy está planteada tiene serias falencias en el diseño de los impuestos verdes, que hemos hecho ver ante la comisión de Hacienda de la Cámara. Estamos participando en diversas mesas de trabajo convocadas por el Gobierno para discutir sobre instrumentos económicos para mitigar el cambio climático, donde se analiza, por ejemplo, si el impuesto al CO2 es o no preferible a los sistema de permisos transables o sobre las consideraciones que deben hacerse frente a la pérdida de competitividad de sectores productivos exportadores. Nos cuesta entender que el mismo Gobierno, desatendiendo el trabajo al que ha convocado, se apresure en subir el impuesto al CO2’. El diputado Daniel Núñez cree que la propuesta va en la dirección correcta, pero avisa que el Gobierno debe ser cuidadoso con los cálculos que realiza. ‘Este impuesto, a lo largo del tiempo, tiende a disminuir los ingresos que reporta al Fisco’, afirma.Empresarios valoran aporte de 1% para financiamiento regional, pero lo ven como un impuesto adicional
Una de las solicitudes de los parlamentarios de oposición al gobierno para aprobar la idea de legislar la reforma tributaria fue incorporar mecanismos de financiamiento para los gobiernos regionales, ad portas de la elección democrática de gobernadores que se concretará a partir de 2020. Por esta razón, el ministro de Hacienda se comprometió a incorporar algún elemento que entregue nuevos ingresos permanentes y significativos a las regiones. ¿Qué implica esta propuesta en particular? Que las empresas que ejecuten grandes proyectos de inversión —por sobre los US$ 10 millones— aporten el 1% a la región. Desde Teatinos 120 explican que este aporte será considerado gasto necesario para producir la renta, es decir, hará disminuir la base imponible de las empresas para tributar. Además, que las firmas tendrán un plazo de cinco años para pagar el aporte, a partir del momento en que se comienza a materializar el proyecto. En entrevista con ‘El Mercurio’ esta semana el presidente de la CPC, Alfonso Swett, fue enfático: ‘Es un alza de impuestos’, pero aclaró que al reducirse los tiempos de tramitación, el efecto podría ser neutro. El presidente ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino, afirma que el proyecto de modernización tributaria, tal como está hoy, no significa una rebaja a la carga tributaria del sector. Por lo tanto, ‘toda compensación en recaudación que termine gravando a la minería significará un aumento en su pago de impuestos’. El dirigente gremial añade que, en un contexto en que la carga tributaria de la minería en Chile es similar o más alta que la de otros países, ‘cualquier aumento a esa carga va a perjudicar nuestra competitividad’. Villarino considera que si bien valora que las regiones reciban más recursos, es necesario que el aporte de 1% ‘se reconozca como un crédito para otros impuestos y no solo como un gasto’, para no afectar la carga tributaria de su sector. En cambio, desde ChileAlimentos tienen una mirada diferente. ‘Es importante para la descentralización y representa un apoyo claro al desarrollo de las regiones’, afirma su gerente general Guillermo González. El diputado Daniel Núñez dice que es una medida acertada. ‘La actitud tan crítica que tienen las comunidades con los megaproyectos, es porque ellos ven solo las externalidades negativas y muchas veces los beneficios quedan fuera de las regiones’. Sin embargo, aclara que, en ningún caso, compensa la integración. Hacienda cifró en US$ 177 millones que recibirían las regiones por este concepto.

Cuestionan que IVA a plataformas digitales lo pague la clase media y proponen aplicarlo con gradualidad de cinco años
El proyecto de modernización tributaria que se discute en el Congreso incluye un impuesto específico de 10% a los servicios digitales que prestan en Chile plataformas extranjeras, y que son utilizadas por personas naturales. En la propuesta conocida esta semana se propone eliminar dicho tributo y aplicar el Impuesto al Valor Agregado (IVA), que tiene una tasa general de 19%. Así, los usuarios de plataformas como Netflix o Spotify deberán pagar IVA por sus servicios. Lo mismo ocurrirá con otras como Uber Eats o Airbnb, pero en estos casos, por los cargos de intermediación. Este pago se concretará por la vía de la retención que deberán realizar a través de los intermediarios del pago, por ejemplo, el emisor de la tarjeta de crédito que se utilice para contratar el servicio. Así, por ejemplo —en el caso que se apruebe la ley y las empresas traspasen a sus usuarios el 100% del nuevo tributo— firmas como Netflix podría aumentar el costo de la suscripción estándar mensual de $5.990 a $7.128. En tanto, el costo de envío que cobra Uber Eats, que en la actualidad se ubica en $1.400, pasaría a costar $1.666 (ver otros ejemplos en la infografía). El secretario ejecutivo del Comité Legal de la Asociación Chilena de Empresas de Tecnologías de Información (ACTI), Claudio Magliona, plantea que desde el gremio no ven con buenos ojos la implementación de gravámenes a la industria tecnológica. ‘Estas plataformas permiten un mayor desarrollo de todos los chilenos. Sin embargo, si hay un impuesto que deba aplicarse producto de presiones de recaudación que puede tener el Estado de Chile, creemos que el camino correcto es aplicar el IVA’, señala. El fundador de Magliona Abogados añade que las plataformas de servicios digitales tienen una gran comunicación y cercanía con sus usuarios, por lo que espera que el nuevo gravamen no sea traspasado íntegramente a sus usuarios, ‘considerando que el impuesto afecta a todos, plataformas y usuarios’. Consultadas por ‘El Mercurio’ empresas como Netflix, HBO y Uber Eats declinaron referirse al tema. Desde Hacienda explican que si las compañías tecnológicas deciden subir el precio de los planes, deberán renegociar los nuevos montos con los usuarios chilenos. En tanto, el diputado (PC) Daniel Núñez, quien asumirá la presidencia de la Comisión de Hacienda plantea la opción de concretar este incremento, ya que genera una competencia desleal con empresas constituidas en el país y que pagan impuestos, pero propone hacerlo en un plazo de cinco años para que las firmas no traspasen de forma inmediata el alza a sus clientes. Con todo, el legislador insiste en que esta ‘compensación’ afecta la carga impositiva de la clase media y no a los contribuyentes de mayores ingresos. ‘El gran problema del gobierno es que las medidas, a priori, no son malas, algunas interesantes de discutir, pero ponerlas como compensación no genera consenso. Hoy no hay condiciones para un acuerdo’, afirma.

Fuente: El Mercurio